"Tengamos un encuentro en el diálogo y busquemos soluciones con prudencia, con buena voluntad, pero también con realismo", sentenció el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en medio de la fuerte polémica que despertó la subida del precio del gas en la región de Magallanes, en el sur del país. Aunque finalmente el Gobierno y la Asamblea Ciudadana de Magallanes acordaron que el reajuste sería del 3% -y no del 16,8% como se había anunciado en un primer momento- el episodio merece un análisis profundo.

En rigor, el conflicto en torno a la reducción del subsidio al gas natural en Magallanes ha puesto en evidencia la necesidad de un análisis de la situación energética de la región, que va mucho más allá de los subsidios al gas natural. Se trata de una zona aislada y extrema cuya provisión energética no está asegurada. En consecuencia, tanto los líderes regionales como el Gobierno chileno deben acometer la tarea de definir una estrategia de desarrollo energético de largo plazo.

Los evidentes desafíos energéticos del país consumen la atención del mundo político y académico, pero las soluciones para las regiones aisladas deben ser específicas a éstas, y los problemas que se deben enfrentar en esta materia son mucho más difíciles de resolver que el problema nacional.

Tratándose de zonas que se encuentran en el extremo sur de territorio chileno y que poseen un alto valor estratégico, el análisis de eficiencia económica convencional no es capaz de dar respuestas absolutas para la definición de políticas públicas. En todas las naciones las políticas hacia las regiones extremas de valor estratégico buscan neutralizar las desventajas comparativas regionales de modo de asegurar niveles adecuados de poblamiento y actividad económica.

Por ello, la situación de Magallanes requiere establecer políticas económicas y energéticas coherentes con el valor estratégico que la región tiene para el país. Actualmente se aplican múltiples formas de incentivos especiales que buscan favorecer a este territorio, pero cuya efectividad ha sido puesta en duda recurrentemente y amerita ser revisada. La política de subsidio directo del Estado al costo de los combustibles debe ser realizada conjuntamente con la revisión del sistema de incentivos para Magallanes como zona extrema.

En cuanto al precio correcto del gas en Magallanes, desde el punto de vista económico éste debería reflejar su costo de oportunidad, que como mínimo es el costo marginal de producción y transporte, y como máximo el precio alternativo obtenible en el mercado accesible para dicho combustible. Dado que se trata de un recurso que sólo puede comercializarse por gasoducto hacia la Patagonia argentina, o dentro de la Región de Magallanes, no tienen sentido económico las comparaciones con el precio pagado en otras regiones del país, ni menos en aquellas en que se consume gas natural licuado cuyo mercado relevante y costos son absolutamente diferentes.

La necesaria eliminación del subsidio vía Empresa Nacional del Petroleo (Enap) requiere el reemplazo por una política de subsidio diseñada considerando las particularidades de la región. Ello implica un análisis con participación de los representantes políticos y sociales de la misma antes de convertirse en un proyecto de ley. Durante el período de análisis, y al menos durante el próximo invierno, sería razonable mantener el costo al consumidor. Y para no perjudicar las finanzas de Enap, el fisco podría aportar transitoriamente a dicha empresa la pérdida de ingresos que le representa el subsidio en el precio de transferencia a Gasco.